Los traspasos de propiedad de yacimientos mineros entre consorcios transnacionales no constituye un hecho nuevo. El Morro constituye un nuevo ejemplo de ello. Controlado a la fecha por el consorcio anglo-suizo Xstrata al adquirir los activos mundiales de la canadiense Falconbridge, la cual a su vez pasó a disponer de los mismos al hacer otro tanto con la también canadiense Noranda. Ahora, el mineral cercano a Pascua Lama y Cerro Casale es disputado por los dos mayores consorcios auríferos mundiales: Barrick Gold y GoldCorp. Como se ha transformado en habitual el Ejecutivo ha permanecido al margen de estos traspasos de propiedad de riquezas pertenecientes a los chilenos. Las compras-ventas se realizan en el exterior e incluso las disputas legales se plantean en tribunales foráneos. Ello es tanto más condenable cuando a nivel global hay una intensa confrontación por controlar recursos naturales y existe una tendencia a considerarlos de propiedad estatal. Adoptar una actitud frente a los recursos naturales fue ganando terreno durante la campaña presidencial. Debe valorarse, por ello, la presentación –realizada por el Ejecutivo en un proyecto de ley- para declarar el agua como un bien de uso público cualesquiera sea la condición en que se encuentre.
Consorcios canadienses se disputan en el exterior yacimiento aurífero chileno.
Los dos mayores consorcios auríferos mundiales, Barrick Gold y GoldCorp, se disputan el control del yacimiento minero El Morro en poder de la suiza Xstrata, puesto en venta durante 2009. La licitación fue ganada por la transnacional canadiense Barrick Gold, que ya comenzó en octubre los trabajos para poner en explotación el yacimiento chileno-argentino de Pascua Lama, el primero que se materializa a partir del tratado suscrito entre ambos países y que tiene, además, el 51% de Cerro Casale en asociación con la también canadiense Kinross, que posee el restante 49%.
Barrick Gold ofertó US$465 millones por el 70% del mineral de cobre y oro, con lo cual pasaría a controlar una amplia zona rica en recursos mineros por la proximidad geográfica de los tres yacimientos: Pascua Lama, El Morro y Cerro Casale. El Morro se encuentra en la Región de Atacama a 70 kilometros de Pascua Lama y a 110 de Cerro Casale. Xstrata fundamentó la venta en que la explotación quedaría más en las línea con las iniciativas de Barrick en el país. “Nuestro acuerdo (…) –señaló el presidente de la transnacional suiza, Charlie Sartain- es un reconocimiento de que el proyecto creará más valor como parte de la lista de Barrick que con los de Xstrata”, más concentrada en el sector cuprífero (13/10/09). “El Morro –manifestó a su turno el presidente de Barrick Gold, Aaron Regent - está ubicado (…) cerca de nuestros proyectos Pascua Lama y Cerro Casale, donde buscaremos capturar potenciales sinergias en construcción y operación. Nuestro foco inmediato será optimizar el actual estudio de factibilidades y explorar más los grandes terrenos asociados, que creemos tienen considerables promesas”. Es decir, Barrick pasaría a controlar una amplia y rica extensión minera.
La concreción de la venta se habría materializado si New Gold – propietario del restante 30% de El Morro- no hubiese efectuado, como se suponía, uso de la opción preferente por adquirirla. Este supuesto descansaba en que se trata de una empresa de menor tamaño y la inversión a efectuar para colocar en explotación El Morro es cuantiosa, se precisa de US$2.500 millones, incluyendo una planta desaladora que permita utilizar agua del mar. El yacimiento se encuentra en la alta cordillera en una zona que cuenta con escasos recursos hídricos.
Sin embargo, en los inicios de 2010 sorpresivamente New Gold notificó que haría uso de su opción cancelando el mismo monto ofertado por Barrick. Para ello debía disponer de financiamiento externo, dado que cuenta con un patrimonio bursátil de sólo US$1.500 millones, muy inferior a los recursos requeridos para poner en explotación El Morro. El financiamiento lo obtuvo de GoldCorp. que por esta vía quedaría con el control del yacimiento. ”New Gold va a recibir de parte de GoldCorp –explicó el abogado Diego Brieba que le asesoró en la operación-, un monto equivalente a los US$465 millones que ofrecía Barrick (…) pero, además, pagará US$50 millones adicionales a New Gold por la operación” (08/01/10). El mecanismo a utilizar que en definitivo dejaría la propiedad mayoritaria del yacimiento en poder de GoldCorp sería la creación por New Gold de una subsidiaria que efectuaría la adquisición a Xstrata. A continuación GoldCorp adquirirá la subsidiaria desembolsando adicionalmente los US$50 millones. La minera canadiense ha hecho público que no prevé dificultades para obtener los recursos necesarios para la adquisición. “Estamos muy emocionados por esta transacción expresó el director ejecutivo de New Gold, Randall Oliphant-, que dará a nuestra compañía múltiplos beneficios” (08/01/10).
Barrick reaccionó presentando una demanda en la Corte Superior de Ontario, Canadá, argumentando que New Gold habría infringido la ley chilena al ejercer su derecho preferente y no se correspondería, se señaló en el texto, con “los términos del acuerdo de accionistas de El Morro”. “Estamos tomando esta decisión –expresó el vocero de Barrick, Vince Borg- para proteger los intereses de nuestros accionistas” (14/01/10). En definitiva, es una pugna entre grandes empresas mineras que ya no sólo efectúan sus compras y ventas de recursos naturales chilenos en el exterior, sin que las disputas jurídicas también las llevan a tribunales foráneos.
Mientras tanto, las autoridades nacionales permanecen como observadoras y sin adoptar medidas en defensa del interés nacional. El Morro cuenta con un nutrido historial de cambio en sus propietarios. Xstrata pasó a controlarlo en una operación efectuada en el exterior al adquirir los activos mundiales de la canadiense Falconbridge, la cual a su turno la recibió cuando compró la también canadiense Noranda. El Morro al ponerse en explotación permitirá una producción anual de 150.000 toneladas de cobre, incrementando en más o menos un 3% el total producido en el país. Al mismo tiempo, sumará 300.000 onzas de oro en el año, poco menos de la mitad de las estimadas en Pascua Lama.
Los atentados al país también se expresan cuando los proyectos se ponen en ejecución. Pascua Lama, a pesar de todas las polémicas y protestas que acompañaron en el país la autorización, su puesta en marcha se efectúa sin cumplirse con las normas medioambientales a que Barrick Gold se comprometió. La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Publicas solicitó a la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama que abriese un expediente para sancionar al consorcio canadiense por graves incumplimientos ambientales en el transporte de minerales que producen “un nivel importante de emisión”, afectando a los glaciares, lo cual – se agrega en el documento- puede conducir a “reducirlos”, alterando “el régimen hídrico de la zona”. Se trata, recalcó el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, de “reservas de agua muy importantes para la cuenca y considerados bienes de uso público” (06/01/10).
Ello confirma la importancia de la iniciativa de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, de reformar el artículo 19 de la Constitución en cuanto al Régimen Jurídico de las Aguas en Chile. ”Y lo hacemos – enfatizó – a partir de la convicción muy profunda acerca del rol del Estado y el rol de los ciudadanos respecto de los bienes públicos que todo Estado debe garantizar”. El proyecto – agregó la presidenta – se refiere al recurso agua en cuanto a un bien de uso público cualquiera sea la condición en que se encuentre, esto es líquido, sólido o gaseoso, considerando en dichas categorías los glaciares – como los que está afectando Barrick Gold – y nieves de la montañas.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, ha insistido reiteradamente en la necesidad de fortalecer la función fiscalizadora de la DGA e impulsar una ley que caduque derechos sobre los recursos que no se utilizan. Los cobros de patentes que se efectúan en los últimos años por aguas no empleadas tuvieron un efecto mínimo, dado que los pagos realizados son muy reducidos. Y, por tanto, las empresas prefieren mantener su control con un costo escasísimo. Bitar critica, con razón, que los derechos de propiedad sobre el agua se concedan “a perpetuidad” cuando “en el caso de los hidrocarburos el Estado puede entregar su uso y caducarlo sin expresión de causa” y “en el caso de la minería se establece la caducidad cuando no se cumple con los propósitos a que está destinado (…)” (28/09/09). ¿Por qué con el agua debe seguirse una conducta diferente? Nada lo amerita.
Es imprescindible legislar sobre este recurso básico aunque la Sociedad Nacional de Agricultura – cuyo presidente, Luis Mayol, la comparó con la Reforma Agraria promulgada en los años sesenta durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva – y otros organismos del gran empresariado hayan expresado inmediatamente su oposición. “El artículo quinto del Código de Agua – escribió hace algunos meses la abogada Laura Novoa – dispone que las aguas sean bienes nacionales de uso público. Pero – explicó – este reconocimiento resulta retórico porque en la práctica establece que los derechos de agua sean comerciables, alienables y prescriptibles. Esta disposición es incompatible con la condición de bien nacional de uso público. El régimen actual – concluyó – produce efectos negativos para los dueños de las aguas: los habitantes del país. Además, limita el rol del Estado en asignar los derechos de aprovechamiento y en el destino que pueda darse a su uso” (30/04/09).
En opinión del presidente de la SNA se trata de un proyecto “confiscatorio o expropiatorio” (12/01/09). O sea, consideran que las aguas son propiedad particular cuando se trata de un bien nacional, que desde luego tiene que buscarse distribuir entre quienes lo requieren –es el caso también de quienes explotan la tierra- de forma que permitan el desarrollo normal de sus actividades. El organismo empresarial sostiene que cualquier decisión de uso alternativo de aguas consideradas de propiedad privada debe ser indemnizada. El problema de fondo, es por tanto, que consideran de usufructo personal un recurso que pertenece al conjunto de los chilenos.
Para El Mercurio el proyecto de ley enviado “afecta al mercado en que se transan sus bienes, distorsiona sus precios y, por tanto, la eficiencia en su asignación” (10/01/10). Es decir, insiste en la idea desmentida por los hechos que el mercado en cualquier circunstancia es el asignador óptimo de los recursos, sin tener en cuenta la experiencia vivida, por ejemplo, claramente en la crisis económica de la primera década del siglo XXI y sin considerar, además, que con una frecuencia muy grande en los mercados no se produce la llamada competencia perfecta, dando lugar a acciones oligopólicas o monopólicas. En el país grandes recursos hídricos están en poder de poderosos consorcios eléctricos, en primer lugar de la transnacional Endesa, controlada por la italiana Enel.
Los problemas originados por la carencia de agua y su sobreexplotación no constituyen un problema del futuro. Frecuentemente se expresan dificultades de abastecimiento, especialmente en la zona norte del país. Por ejemplo, en el valle de Copiapó al iniciarse el año se registra una profunda sequía al agotarse el embalse Lautaro, su única reserva artificial.
Es un déficit que exige para enfrentarse diferentes acciones. Rodrigo Weisner plantea la necesidad de actuar simultáneamente en cuatro direcciones, invertir más en canales y embalses; hacer un uso eficiente del recurso, que es imposible si se deja a la decisión de intereses privados; acentuar la fiscalización por situaciones irregulares, que sólo pueden efectuarse a través de mecanismos regulatorios; y efectuar modificaciones legales como la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.
Durante la campaña presidencial el debate sobre los recursos naturales fue abriéndose camino. Entre otras medidas necesarias se habló de aumentar el bajo royalty cancelado por las grandes empresas cupríferas privadas. Es un debate y compromisos que no pueden quedar en el olvido. Como siempre dependerá de la exigencia nacional que se construya para aprobarlas. Así aconteció en el siglo pasado con la nacionalización del cobre y la reforma agraria.
HUGO FAZIO
