En términos previsionales esperamos que el accionar de la actual Dirección se base en otorgar beneficios sociales garantizando una atención de calidad, eficiencia y calidez, en que prime el interés de la comunidad, incluyendo al personal del IPS, y no el lucro.
En la gestión de la Dirección anterior, la eficacia se basó en el ahorro en los gastos previsionales, obstaculizando y entrabando la obtención de beneficios por parte de los imponentes de las ex cajas. Las restricciones más importantes afectaron a los exonerados políticos y a las personas que tienen derecho a la divisibilidad.
Dimos nuestra opinión al ex Fiscal: “Hemos observado que en su gestión se ha tratado de restringir los derechos de los imponentes de las Cajas de Previsión, buscando y rebuscando teorías legales y resquicios, demorando respuestas y tratando de revertir los dictámenes de la Contraloría y de la Superintendencia. (18.10.2007)”.
La situación de la divisibilidad llegó al extremo de solicitar a la Contraloría General que eliminara dicho derecho y ha implicado un gran desembolso financiero para la Anef, pues pago una costosa asesoría legal, lo que ha afectado a los gremios que hemos debido hacer un aporte económico para la defensa de los derechos de los imponentes de la Canaempu.
Por tanto, no es sorprendente que en el Convenio con el Banco del Estado para el pago de pensiones se haya privilegiado el ahorro de dinero, disminución del estándar actual de atención (que ya requiere mayores comodidades) y la bancarización, muy conveniente para las instituciones financieras, pero no para los adultos mayores que deben lidiar con recordar claves y procedimientos que les son desconocidos.
La Licitación, como tantas otras en el ex INP, tiene omisiones importantes y por tanto, consideramos un deber de las actuales autoridades salvar las falencias heredadas de la administración anterior.
Consideramos que una autoridad que representó al gobierno, al cual se le pidió la renuncia por todas las dificultades que significaron la postura social y previsional, debe dejar actuar a las nuevas autoridades. No se está a la altura de los tiempos dificultar la gestión de mujeres que alcanzan la alta dirección pública.
Mas aún, recurrir a la Contraloría General de la República, implica poner escollos que dificultan que la Administración pueda enfocarse en los problemas que tenemos actualmente los funcionarios y funcionarias del IPS, que hemos debido lidiar con tecnología deficiente, con falta de dotación, con déficit en la infraestructura, con mayor cantidad de trabajo, con un público agresivo y otras dificultades.
Deseamos que la Contraloría no sólo revise los aspectos formales, sino que también se enfoque en el rol social que debe cumplir el IPS.
La Asociación seguirá velando por los intereses de quienes prestan servicios a esa comunidad que recibe pensiones de las ex cajas y el apoyo del Estado.
